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Medidas por el Coronavirus: Moratoria en hipotecas, desempleo, autónomos…

Ocio Latino-. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la segunda tanda de medidas económicas, sociales y laborales para paliar la crisis del coronavirus tas el Consejo de Ministros, el primero virtual de la historia de España. Sánchez, en la rueda de prensa posterior, detalló que el Ejecutivo movilizará hasta 200.000 millones de euros, el 20% del PIB español, para paliar el impacto económico y social de la crisis del virus. «Es la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España», la ha calificado el presidente.

Estas son las nuevas medidas del real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

El Estado pondrá a disposición de las empresas avales por valor de 100.000 millones de euros, que permitirán movilizar un total de entre 150.000 y 200.000 millones si se suma la colaboración del sector privado, ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa.

El Estado -ha añadido- va a dar toda la liquidez que necesite el tejido empresarial para solventar los problemas coyunturales derivados de la caída de la actividad y evitar así que deriven en problemas de solvencia.

El Ejecutivo garantizará el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades y, por ello, ha establecido una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducir sus ingresos.

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El Gobierno ha aprobado agilizar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y que todos los trabajadores afectados tengan derecho a percibir la prestacióncontributiva por desempleo y ese tiempo consumido de paro no contará como gastado.

«Hago un llamamiento a los empresarios: no despidan a los trabajadores, es una crisis temporal», ha pedido Sánchez, que ha agradecido la ayuda y colaboración de empresarios y sindicatos, así como a la oposición y a los presidentes autonómicos en estas medidas. 

Así, en el plano laboral, el decreto-ley aprobado hace que todos los ERTE se consideren de fuerza mayor si son causados por las medidas adoptadas para combatir la epidemia de coronavirus y se resolverán en un plazo máximo de siete días. También se introducen cambios para reconocer el derecho a cobrar el paro a las personas trabajadoras afectadas aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.  El Gobierno destinará 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas y de los entes locales con especial atención a la asistencia sanitaria de personas mayores, dependientes y colectivos vulnerables.

La mitad del dinero irá destinado para la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit si lo invierten en partidas de atención social: atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus, según ha concretado posteriormente Unidas Podemos.

El Gobierno ha reformado la normativa sobre inversiones extranjeras para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea (UE) puedan hacerse con el control de entidades españolas de sectores estratégicos aprovechando su caída en bolsa, ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

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El objetivo es impedir que empresas españolas de sectores estratégicos acaben en manos de otras compañías «aprovechando la caída estructural del valor de sus acciones en bolsa en esta situación de crisis económica y extrema volatilidad en los mercados financieros en la que vivimos», en palabras de Sánchez.

El Gobierno garantizará servicios públicos «esenciales» como los suministros de energía, agua y las telecomunicaciones durante el periodo de duración de la crisis provocada por el coronavirus.

El Gobierno ha aprobado que todos los autónomos con pérdidas severas, también los societarios y los empleadores, puedan acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad y quedarán exonerados de pagar la cuotas a la Seguridad Social.

Este decreto ley detalla que esta prestación, que duraría un mes pero se podría prorrogar, se calculará con el 70% de la base reguladora o con el 70% de la base mínima cuando no se pueda acreditar el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación.

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Los beneficiarios serán autónomos cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Asimismo, el Ejecutivo reconoce a todos los trabajadores, que acrediten deberes de cuidado a raíz de las medidas tomadas o de las circunstancias generadas por el coronavirus, el derecho a acceder a la adaptación de su jornada o a la reducción de la misma. 

Entre las circunstancias excepcionales que pueden justificar estos cambios están el cierre de centros educativos o residencias o la ausencia de quien se encargaba hasta ahora del cuidado de menores o dependientes. La reducción de jornada, añaden, no requerirá preaviso alguno, más allá del que derive de la buena fe y no estará limitada en su disfrute por porcentaje mínimo ni máximo pudiendo llegar incluso al cien por cien de reducción y sin que puedan ser sancionados o despedidos. No se establece la figura de una prestación de la Seguridad Social que compense esta reducción.

Sobre el teletrabajo, se añade que dará carácter preferente simplificando la forma de hacerlo, dando por cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una partida de 30 millones de euros que irá destinada a laboratorios españoles que investigan la vacuna contra el coronavirus Covid-19. Sánchez subrayó el compromiso del Gobierno con «el refuerzo de algo fundamental», la investigación de la vacuna y la cura definitiva del coronavirus.

La partida de los 30 millones irá destinada a dotar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto de Salud CarlosIII de Madrid (ISCIII) de los recursos precisos para hacer frente a esta emergencia sanitaria.

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