Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han detenido a una mujer, española de 58 años y dueña de dos gestorías en Logroño, como presunta autora de delitos contra la Seguridad Social, Falsedad Documental y Estafa, al cobrar de forma fraudulenta hasta 13 prestaciones de la Seguridad Social durante el estado de alarma.
Como han informado este viernes fuentes policiales, la investigación ha permitido identificar a un total de 13 clientes de la gestoría, la mayoría de nacionalidad extranjera, en cuyo nombre la gestora, ahora detenida, solicitó y cobró fraudulentamente las prestaciones de la Seguridad Social por un importe total de casi 29.000 euros.
La investigación se inició en diciembre de 2020, a raíz de una denuncia por los representantes de una mutua, señalando que una de las personas “posible beneficiaria” de una ayuda extraordinaria por la situación provocada por la pandemia alertaba de un pago irregular que se había realizado a su nombre, entre el 1 de julio y 30 de septiembre, por casi 2.200 euros.
El denunciante no había solicitado esta ayuda ni había recibido el importe, debido a que su asesora fiscal le había informado que “no cumplía los requisitos, por lo que no se había podido tramitar y por tanto no había recibido dinero alguno”.
En un primer momento, fruto de la investigación, se pudo determinar que otras cuatro personas beneficiarias de las ayudas económicas, las cuales no habían solicitado dicha ayuda, se habían beneficiado del importe.
Algo que había ocurrido porque la gestora colegiada había solicitado “su ayuda” sin comunicar dicho extremo a los beneficiarios, incluso se pudo determinar que la propia gestora había cobrado el importe total de las tres ayudas, incluida la solicitud de cobro de “su ayuda” a nombre de la detenida.
Posteriormente, se pudo determinar que hasta a ocho beneficiarios más se les tramitó ilegalmente la solicitud: cinco que habían solicitado en un primer momento la primera prestación, y a los que la gestora les solicitó una segunda; y otras tres personas nuevas en las que la detenida les había solicitado, gestionado y cobrado la solicitud de prestación sin su consentimiento.
MODUS OPERANDI.
De acuerdo con el relato policial, la detenida se aprovechaba de su posición de intermediación, de ser la persona que informaba y explicaba la ayuda a sus clientes-beneficiarios, la mayoría de ellos de nacionalidad extranjera, muchos con dificultades de comunicación por el idioma y en la realización de los tramites burocráticos, los cuales habían depositado su confianza en la profesionalidad de la asesora.
Esta situación privilegiada le permitió arrogarse la capacidad de concluir quien podía o no cobrar las prestaciones. Unas prestaciones extraordinarias de la seguridad social puestas en marcha para autónomos por el Gobierno nacional con motivo de la declaración del estado de alarma por la pandemia por coronavirus.
La investigación ha determinado dos fases en la actuación de la detenida. En una primera fase, durante el estado de alarma, se apropiaba de las prestaciones que lícitamente les correspondían a varios de sus clientes, a quienes tramitaba la solicitud y se le concedía la prestación, que acababa ingresada en la cuenta bancaria de la gestoría.
Los beneficiarios, todos extranjeros, todos autónomos dueños de pequeños establecimientos, cumplían los requisitos exigidos. Mediante engaño, la detenida les decía, sin embargo, que no los cumplían, mientras que era ella la que se quedaba con el dinero.
En la segunda de las fases, finalizado el estado de alarma, la mayoría de los establecimientos reabría al público y retomaba la actividad en mayor o menor medida, por lo que ya no cumplían los requisitos para las ayudas.
La detenida así se lo explicaba y convencía a sus clientes. Sin embargo, a sus espaldas, cursaba las solicitudes falseando documentos y datos, obteniendo ayudas que pasaban igualmente a su cuenta bancaria.
La cantidad de la que se ha apropiado la detenida asciende a casi 29.000 euros (28.600 euros en concreto), cifra que ha recibido en nombre de doce personas beneficiarias, más la ayuda a su nombre, por lo que son un total de trece ayudas económicas recibidas y cobradas ilegalmente. / Europa Press
