Expertos de ExtranjeriaClara.com han alertado de un «cuello de botella» en la regularización extraordinaria de migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno si no viene acompañada de un refuerzo de recursos.
«Tres meses pueden ordenar la entrada de solicitudes, pero si no hay refuerzo de recursos humanos y criterios homogéneos entre provincias, el cuello de botella es probable», ha advertido el fundador de ExtranjeriaClara.com, Guillermo J. Valderrábano.
En este sentido, ha explicado que el plazo legal de resolución (tres meses en la mayoría de procedimientos de extranjería conforme a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y normativa específica) es «técnicamente viable». Sin embargo, ha indicado que la experiencia acumulada en tramitación ordinaria «demuestra que esos tiempos se superan con frecuencia». «Si el volumen extraordinario se concentra en pocos meses, el riesgo no es político, sino operativo», ha subrayado.
De la misma manera, desde ExtranjeriaClara.com han puesto de manifiesto que el «posible colapso» no sería solo administrativo, ya que, a su juicio, «tendría consecuencias económicas inmediatas». «Una persona que cumple los requisitos puede presentar correctamente su expediente y, aun así, permanecer durante meses sin autorización efectiva para trabajar hasta recibir resolución», han argumentado.
Además, en sectores con déficit estructural de mano de obra, como la hostelería, la construcción, la agricultura o los cuidados, ese retraso han advertido de que «se traduce en contrataciones aplazadas y pérdida de productividad». «Cada mes de demora implica empleo que no se formaliza y cotización que no se ingresa en el sistema», han añadido.
ExtranjeriaClara.com, antes del anuncio de la regularización, detectó que aproximadamente un 30% de potenciales solicitantes de arraigo quedaban fuera por no alcanzar aún el plazo mínimo exigido, pese a disponer de oferta laboral «real».
También han señalado que en «numerosos supuestos» no puede formalizarse un contrato sin NIE, pero tampoco se obtiene NIE sin contrato previo. «Esta fricción administrativa genera un efecto disuasorio en empresas que optan por candidatos con documentación ya regularizada para evitar riesgos sancionadores», ha afirmado Valderrábano.
En esta misma línea, han avisado que si no existe refuerzo temporal de personal o redistribución «eficaz» de cargas, la presión puede trasladarse al conjunto del sistema, afectando también a renovaciones, recursos y autorizaciones iniciales. «La experiencia en procesos masivos anteriores muestra que los cuellos de botella suelen concentrarse en fases muy concretas como la revisión documental inicial, la emisión de requerimientos y la gestión de notificaciones. Cada requerimiento puede añadir semanas o meses al expediente», recalcan.
Según la práctica detectada por ExtranjeriaClara.com, los retrasos más habituales se originan en acreditaciones de permanencia insuficientes, antecedentes penales con defectos de legalización o vigencia, contratos con incongruencias salariales o formales, o bien interpretaciones dispares entre oficinas provinciales. «El problema no es normativo, sino operativo. La variabilidad interpretativa introduce inseguridad jurídica y multiplica los tiempos reales de resolución», han asegurado.
Desde el punto de vista jurídico, han explicado que «el riesgo más relevante es que el desfase entre el plazo legal de resolución y el tiempo efectivo se cronifique». «Si los expedientes superan sistemáticamente los tres meses o se consolidan criterios contradictorios entre provincias, podría intensificarse el recurso a la vía contencioso-administrativa como mecanismo de corrección», han afirmado.
MAYOR CARGA PARA LOS TRIBUNALES
Ese escenario, Valderrábano ha apuntado que implicaría mayor carga para los tribunales, incremento de costes procesales y una prolongación adicional de la inseguridad jurídica para solicitantes y empleadores. «El éxito de la regularización no se medirá en solicitudes presentadas, sino en tiempo efectivo hasta poder trabajar legalmente», ha sostenido.
ExtranjeriaClara.com ha identificado tres medidas para minimizar el riesgo de colapso como la unificación de criterios técnicos a nivel nacional, el refuerzo temporal de personal en las oficinas con mayor volumen histórico, o bien guías públicas y checklists detalladas que reduzcan errores documentales de origen.
