Estados Unidos y Ecuador han firmado este miércoles un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Interior ecuatoriano y la Oficina Federal de Investigación (FBI), que ha inaugurado así su primera oficina en un país hasta ahora cubierto por su delegación en Bogotá, Colombia, en un nuevo avance en la cooperación en seguridad entre Quito y Washington.
«Con este memorando y con la creación de la unidad de confianza del FBI, mejoramos nuestra capacidad conjunta para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas y financian el terrorismo», ha declarado en el acto celebrado con motivo de la firma el encargado de negocios de la Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador, Lawrence Petroni.
Por su parte, el ministro de Interior ecuatoriano, John Reimberg, ha ensalzado el acuerdo como «un paso firme en la lucha contra el crimen organizado transnacional», a través del cual Quito y Washington «fortalecen su cooperación» con un compromiso que «permitirá potenciar el intercambio investigativo y enfrentar con mayor eficacia a las redes criminales», según ha defendido en redes.
«Cuando las democracias trabajan juntas, el crimen pierde terreno», ha apostillado, mientras que la cartera que dirige, que se ha hecho eco en su web del evento y de parte de sus palabras, ha citado también a la vicepresidenta ecuatoriana, María José Pinto, celebrando un memorando que ha estimado como «algo mucho más importante: confianza y trabajo conjunto».
El evento, al que también han asistido el director regional del FBI, Allen Pack, supone un nuevo avance en la cooperación entre los gobiernos de Daniel Noboa y Donald Trump en materia de seguridad, escenificadas, entre otros acontecimientos, por las operaciones lanzadas la pasada semana contra «organizaciones terroristas», tras la que bombardearon un campo de entrenamiento vinculado a los ‘Comandos de la Frontera’ –una organización escindida de la guerrilla de las FARC–, o el despliegue de personal militar estadounidense en Ecuador en una operación conjunta en diciembre contra el «narcoterrorismo», poco después de que el electorado ecuatoriano rechazara en las urnas el regreso a las cesiones de bases militares a Washington.
