Después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivase por falta de competencia las diligencias contra Julio Iglesias tras la denuncia de dos exempleadas domésticas de sus mansiones de Punta Cana y Bahamas que le acusaban de agresiones sexuales, argumentando que “los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, por ser donde ocurrieron los hechos y donde se encuentran las pruebas”, el cantante se enfrenta a un nuevo revés.
Así, según revela este martes Diario.es, el Ministerio de Exteriores habría abierto una inspección al exmarido de Isabel Preysler por los visados de turista con los que habría trasladado a varios de sus trabajadores a España.
Tal y como sostiene el citado medio, en 2021 Julio habría solicitado al consulado de España en República Dominicana la tramitación de varios visados Schengen para personal de su equipo doméstico, un permiso turístico de entrada a nuestro país para visitas de una duración máxima de 90 días, que no permitiría trabajar ni ejercer actividades lucrativas. Sin embargo, el objetivo del cantante sería que estas personas trabajasen de forma puntual en su mansión de Ojén, situada en la Costa del Sol.
El Diario.es publica el testimonio de tres empleadas domésticas del padre de Enrique Iglesias, que sabían que esos visados no les permitían tener un trabajo remunerado, pero que fueron los que se tramitaron para venir a España como internas en la residencia del artista en Marbella “con unas condiciones contrarias a la norma española: sin contrato ni alta en la Seguridad Social, con jornadas de más de 12 horas, casi sin posibilidad de libranza o de salir fuera de la casa en la que se encontraban, y con salarios de apenas unos cientos de euros mensuales”.
Un asunto sobre el que se ha pronunciado el Ministerio de Exteriores, que ha confirmado que se ha iniciado una inspección por la Inspección General de Servicios que todavía se encuentra en fase de recopilación de información para determinar si Julio incumplió o no la ley.
