El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha acordado este sábado la libertad con medidas cautelares para tres detenidos por el ‘caso Plus Ultra’, entre ellos el presidente de la aerolínea, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, que han indicado que la decisión la ha tomado el juez Alfredo Barrera porque estaba de guardia, si bien la investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 y continúa bajo secreto de sumario.
El magistrado ha acordado para los tres la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días.
Los tres detenidos han pasado a disposición judicial este sábado después de ser detenidos a lo largo de esta semana por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La jueza Esperanza Collazos investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto al “uso indebido” de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió en forma de rescate en pandemia como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.
Se trata de una denuncia que la Audiencia Nacional rechazó admitir el año pasado por falta de competencia y al considerar que el competente sería el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid porque fue el que investigó el rescate de la aerolínea.
Fuentes jurídicas indicaron a esta agencia de noticias que ese juzgado de Plaza de Castilla indaga en los hechos denunciados por Anticorrupción, pero no solo.
La Fiscalía denunció el “uso indebido” de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero “se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva”.
Presentada contra varias personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.
La constituirían –explicaba– “personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español”, y estaría “dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados”.
Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de “muy alta cuantía”, concretamente de “fondos públicos de programas CLAP”, impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y “ventas de oro del Banco de Venezuela”.
Se da la circunstancia de que el mismo juzgado fue el que acordó en enero de 2023 el archivo de la causa en la que investigaba las presuntas irregularidades en la concesión pública a Plus Ultra de 53 millones de euros en pandemia.
La jueza señaló al archivar la causa que el rescate de la aerolínea fue aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que los imputados “carecían de capacidad de decisión”, después de que la Audiencia de Madrid diese la razón a la aerolínea y estableciese que no cabía acordar la declaración como investigado de su representante legal porque se habían “agotado el plazo de 12 meses previsto” para el desarrollo de las pesquisas.
