Un total de 413 mujeres extranjeras víctimas de violencia machista recibieron un permiso de residencia y trabajo el pasado mes de enero, 145 más que en el mismo mes de 2022 (un 54% más), según los datos del portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, consultados por Europa Press.
Según estos datos, se observa un incremento en el número de autorizaciones concedidas a lo largo de los últimos años. Así, se concedieron 1.167 en 2019; 2.593, en 2020; 3.581 en 2021, y 4.269 en 2022.
Por meses, en enero de 2023 (últimos datos publicados) se registraron 413 autorizaciones concedidas, lo que supone un aumento con respecto al mismo mes de los años anteriores y la cifra más alta en un mes de enero de la serie histórica –desde 2005–. En 2019 se contabilizaron 91 autorizaciones; 257 en 2020; 176 en 2021, y 268 en 2022.
Atendiendo a las comunidades autónomas, el mayor número de autorizaciones en enero de 2023 se han concedido en Cataluña (84), Comunidad de Madrid (68) y Comunidad Valenciana (67).
Según la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, recientemente modificada por la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, “las mujeres extranjeras, cualquiera que sea su situación administrativa”, si son víctimas de violencia de género o de violencias sexuales, tienen derecho “a las medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente”.
Así, la ley establece que, si al denunciarse una situación de violencia de género o de violencia sexual contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, no se incoará el expediente administrativo sancionador y se suspenderá, en su caso, la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas.
Además, la mujer podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género o sexual.
También podrá pedir un permiso de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad; o una autorización de residencia y trabajo en caso de que fueran mayores de 16 años y se encuentren en España en el momento de la denuncia.
Según dicta la ley, la autoridad competente concederá una autorización provisional y, posteriormente, si el procedimiento penal concluye con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género o de violencia sexual, incluido el archivo de la causa por encontrarse el investigado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado, se notificará a la interesada la concesión de las autorizaciones solicitadas./ Europa Press
