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Perú remite una protesta diplomática a Bolivia y Colombia por su injerencia en asuntos que solo competen a los peruanos

El Gobierno peruano ha remitido una nota diplomática de protesta a Bolivia por las declaraciones del presidente boliviano, Luis Arce, en las que expresaba su respaldo a la ola de protestas que sacude el país.

Arce afirmó que “en Perú tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un Gobierno que los represente” durante un acto de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Para Perú estas declaraciones suponen que Arce “persiste en una injerencia inaceptable en asuntos que sólo competen a los peruanos”, según el Ministerio de Asuntos Exteriores peruano a través de Twitter.

“Hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó una nota al Embajador de Bolivia mediante la cual transmite una enérgica protesta por las declaraciones del Presidente Luis Arce sobre temas de política interna”, ha explicado el Ministerio.

BOLIVIA RECHAZA LA CRÍTICA DE PERÚ

En respuesta a la protesta diplomática del Ministerio de Exteriores de Perú, la diplomacia de Bolivia ha reiterado su respeto al Derecho Internacional y al principio de no intervención, rechazando la insinuación de las autoridades peruanas.

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“El Estado Plurinacional de Bolivia respeta el Derecho Internacional y el principio de no intervención; no aceptamos la insinuación sobre una supuesta injerencia en asuntos internos de la República del Perú, con quien mantenemos una histórica relación entre pueblos hermanos”, se lee en un comunicado difundido en Twitter por el Ministerio de Exteriores boliviano.

Las declaraciones de Arce fueron compartidas en Twitter por el fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. Esta formación ha expulsado a la presidenta peruana, Dina Boluarte, quien sucedió a Pedro Castillo como presidenta después de que éste fuera destituido por decretar la disolución del Parlamento.

Petro opina sobre la actuación policial en Perú

El Ministerio de Exteriores de Perú ha remitido también este lunes una nota diplomática de protesta a Colombia por las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, criticando la operación de las fuerzas de seguridad peruanas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Lima.

Según la carta remitida por la diplomacia peruana, Petro habría llevado a cabo un “nuevo acto de injerencia” en temas de política interna, una conducta que ha calificado de “no consistente con las normas del Derecho Internacional”.

“Sus actos de injerencia son inconsistentes con la conducta que todo jefe de Estado debe observar en cumplimiento del Derecho Internacional”, ha aseverado el Ministerio de Exteriores peruano, criticando que el mandatario colombiano haya emitido una opinión sobre lo ocurrido en el campus de la Universidad de San Marcos.

El presidente colombiano exigió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que examinara “el caso de Perú” tras la decisión del Gobierno andino de iniciar un operativo policial en el centro educativo para desalojar a los manifestantes que se habían encerrado en sus instalaciones en una actuación que se saldó con al menos 205 detenidos y críticas de organismos internacionales.

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“Allanar universidades. Gritar ¡Muera la inteligencia! El Consejo permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú”, esgrimió Petro en un mensaje en la red social Twitter.

Alrededor de 400 policías irrumpieron con tanquetas y apoyo de fuerzas especiales la universidad ubicada en la capital del país, sin cumplir los procedimientos legales para las detenciones.

El ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, ha explicado anteriormente que el operativo tuvo lugar en el marco del estado de emergencia, razón por la cual no era necesaria la presencia de fiscales para la intervención, como han venido denunciando organizaciones de Derechos Humanos.

Organismos como Amnistía Internacional han condenado el “uso desproporcionado de la fuerza” y respeto a los Derechos Humanos. “El estado de emergencia no suspende el debido proceso. Las personas detenidas deben tener acceso a su defensa en todo momento y contar con intérpretes de necesitarlo. Se mantiene la prohibición de incomunicación y de tratos crueles e inhumanos”, ha recordado el organismo internacional./ Europa Press

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