La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado a las autoridades europeas y españolas que no utilicen la pandemia de la COVID-19 como “excusa” para no respetar el derecho de asilo. Así, les ha pedido que garanticen el acceso a este derecho a las miles de personas bloqueadas en países no seguros como consecuencia al cierre de fronteras y para aplicar políticas más restrictivas de control migratorio.
Con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebra el 20 de junio, la institución ha presentado su Informe Anual 2020 titulado ‘Las personas refugiadas en España y Europa’, recordando que según ACNUR más de 79 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares.
CEAR ha avisado de que la emergencia sanitaria causada por el virus plantea “numerosos retos en materia de acceso al derecho de asilo”. Los confinamientos, el cierre de fronteras generalizado, precarias condiciones higiénicas en los campos de refugiados, problemas económicos que agravan sus condiciones de vida, son algunos de los retos que destaca la entidad.
“Es necesario que los Estados no pongan en cuarentena sus obligaciones con las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares”, ha declarado la directora de CEAR, Estrella Galán.
En su informe, la entidad incluye 18 propuestas dirigidas a las autoridades españolas para que se garanticen los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Para la entidad, urge seguir adoptando medidas que protejan y garanticen los derechos de estas personas, especialmente ante la progresiva desescalada.
Entre otras, CEAR pide asegurar unos estándares de calidad adecuados a lo largo de todo el procedimiento de protección internacional y garantizar el acceso al procedimiento. Asimismo, insiste en reclamar la puesta en marcha de medidas de regularización extraordinaria, al tiempo que ve “urgente” concluir los más de 100.000 expedientes de asilo pendientes de resolución. Según Eurostat, a finales de abril de 2020 había 140.640 solicitudes pendientes en España.
OBSTÁCULOS EN EL DERECHO DE ASILO
En el informe 2020, CEAR recoge los obstáculos que se mantuvieron en 2019 para hacer efectivo el derecho de asilo, a pesar de registrarse un récord en el número de peticiones presentadas. De hecho, tal y como remarca, el año pasado España fue, por primera vez, el tercer país de la Unión Europea que registró un mayor número de solicitantes de asilo.
Pese al aumento en solicitudes, disminuyó el porcentaje de personas que lograron protección internacional, según lamenta la entidad. España solo ofreció protección internacional al 5,2% de solicitantes, en contraste con el 24% del año anterior y el 31% de media en el conjunto de países de la Unión Europea en 2019.
Eso sí, CEAR hace hincapié en que en 2019 se concedió la autorización de residencia por razones humanitarias a casi 40.000 personas, en su inmensa mayoría originarias de Venezuela.
La organización apunta también que en 2019 aumentaron las dificultades para acceder al procedimiento, con esperas para formalizar la solicitud en ocasiones superiores a un año. Además, sostiene que los avances en materia de acogida e inclusión “fueron insuficientes” para atender las necesidades del conjunto de personas solicitantes de protección internacional y refugiadas.
Además, ha denunciado que “se siguen produciendo enormes retrasos de formalización y documentación, y continúan los impedimentos para acceder al procedimiento en la frontera sur, debido a la ausencia de vías legales y seguras”.
