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Casi un 30% de las familias migrantes ha perdido su trabajo durante la pandemia

Casi 4 de cada 10 familias migrantes (el 39,6%) se han visto obligadas a pedir alimentos durante la crisis del coronavirus, más del doble que las familias españolas (14,7%), según una encuesta de Save The Children.

El estudio, basado en 1.838 entrevistas ‘online’, 148 de ellas a familias migrantes, realizadas entre el 17 y el 27 de abril de 2020, también revela que el 62,2% de los hogares de origen migrante ha tenido que reducir sus gastos en alimentación.

La falta de recursos también se refleja en que el 38,6% de las familias migrantes ha tenido que pedir ayuda económica a amigos y familiares, más del doble que en el caso de las familias españolas (16,5%).

Igualmente, el informe muestra que la mitad de los hogares de origen migrante ha tenido que retrasar el pago del alquiler desde el inicio del estado de alarma, frente al 21,3% de las familias españolas.

En el ámbito laboral, más de 6 de cada 10 familias de origen migrante residentes en España (el 63,4%) han perdido temporalmente el empleo y 7 de cada 10 (el 70%) han sufrido un recorte de sueldo de manera temporal como consecuencia de la crisis del coronavirus Covid-19,

Asimismo, de los datos se desprende que casi el 30% de las familias migrantes ha perdido su trabajo de forma permanente y una de cada cinco (19,7%) ha tenido un recorte de sueldo permanente.

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En el caso de las familias españolas, estos porcentajes son inferiores. Así, un 40,2% de los encuestados ha perdido su trabajo de forma temporal; un 9,7% lo ha perdido de forma permanente; un 47,4% ha sufrido un recorte de sueldo temporal, y un 5,4% ha sufrido un recorte de sueldo permanente.

EL 66% EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Además, el informe pone de relieve que más del 66% de las familias de origen migrante están en situación de vulnerabilidad, el doble que en el caso de las familias españolas (31,5%).

Para determinar que la persona está en situación vulnerable, los encuestados debían cumplir con al menos dos de seis condiciones: haber tenido que retrasar el pago de los recibos, haber tenido que reducir gastos en alimentación, tener mala satisfacción con el estado de la vivienda, estar desempleado, no tener estudios o solo primarios, o haber tenido que dejar de comprar alguna medicina por razones económicas.

«Antes de la pandemia, España era el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo entre la población migrante, solo por detrás de Grecia. Estas familias ya se encontraban entre las más vulnerables antes de la Covid-19 y esta crisis ha amplificado las desigualdades», ha señalado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.

Sobre la educación de los niños y las niñas, 3 de cada 10 familias migrantes encuestadas no tiene acceso a internet o no tiene buenas condiciones de conectividad, y casi un 36% de los niños y las niñas de origen migrante usan el teléfono móvil para hacer los deberes, ya que la gran mayoría no dispone de ordenador propio.

«La brecha educativa ha crecido en los últimos meses. Desde que empezó el confinamiento, la infancia en pobreza tiene mayor riesgo de suspender, repetir curso o incluso dejar su educación. En los planes de respuesta a la emergencia se deben tomar medidas para evitar que niños y niñas con pocos recursos se descuelguen por completo de la educación», apunta la organización.

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El estudio está enmarcado dentro de la campaña #QueNadieQuedeAtrás que Save the Children ha lanzado para denunciar «la falta de compromiso político con las familias en situación de pobreza durante la pandemia».

 

INGRESO MÍNIMO PARA MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR

En este sentido, Save the Children propone que los migrantes en situación irregular puedan acceder a las medidas adoptadas para la recuperación tras la pandemia, como el ingreso mínimo vital, el apoyo a las familias o las prestaciones por hijo a cargo.

El requisito que la organización considera relevante en este sentido es el de «estar empadronado o tener residencia efectiva durante un mínimo de 12 meses (de manera continuada e inmediatamente anterior a la solicitud)».

Save the Children también propone medidas para el reconocimiento de un permiso de residencia y trabajo a través de contrataciones en los sectores esenciales. Así, pide que se permitan contrataciones de personas en situación de irregularidad administrativa que ya se encuentren en territorio español en los sectores sanitario, agrario, doméstico, cuidados, limpieza y otros servicios esenciales.

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También reclama que se otorgue una autorización por circunstancias excepcionales a las personas en situación de irregularidad administrativa que no han sido expulsadas durante la vigencia del estado de alarma y que han estado en detención administrativa hasta su puesta en libertad.

Igualmente, pide flexibilizar los requisitos económicos, laborales y de cotización exigidos por ley para la renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo para los permisos que caduquen a partir de enero 2021./ Europa Press

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