Ocio Latino.- 10.594 inmigrantes en situación irregular fueron expulsados desde los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), mientras que siete de cada diez fueron “expulsiones exprés”, realizadas directamente desde las comisarías, según el informe 2015 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, del Defensor del Pueblo.
El abogado experto en Extranjería Francisco Solans, en declaraciones a Europa Press ha comentado que, “tiene que ver con diversos factores, como una caída en las llegadas de inmigrantes por vías irregulares junto a una mayor presencia de personas que tras perder su permiso de residencia quizá recibieron una orden de expulsión pero que por sus circunstancias de arraigo, no llegarían a ser internadas en un CIE”.
Las “expulsiones exprés” es una práctica que va en aumento, se trata de una práctica legal, aunque ONG y abogados la cuestionan, la Policía tiene obligación de hacer cumplir la orden de expulsión en firme.
Muchas personas no pueden ni hacer una maleta ni despedirse de sus familiares, ya que son directamente trasladadas a comisaría y embarcadas en un avión. Las entidades que forman parte de la Campaña por el Cierre de los CIE, denuncian que “hay casos en que estas personas son identificadas en el marco de actuaciones policiales como redadas o registros pero en otros, simplemente son identificadas por en las calles debido a su perfil étnico o racial. Una vez le han dado el alto, comprueban antecedentes y salta la orden de expulsión”.
En otros casos, el extranjero es llamado a comisaría para que solucione un trámite burocrático, por lo que acude de buena fe y se encuentra sobre la marcha detenido y en espera de embarcar en un vuelo destino al país de origen. “Muchos ni siquiera saben que tienen una orden de expulsión en vigor, creen que aquello ya se archivó o que ya fue resuelto, porque es evidente que si lo supieran, no irían”, comenta Solans.
De hecho, la subdelegación del Gobierno en Valencia dio la razón el año pasado a un ecuatoriano que fue expulsado del país tras acudir a la comisaría de Burjassot llamado para otros trámites. Acabó revocando la orden de expulsión que había firmado sobre él y autorizando su regreso a España mediante reagrupación familiar. Su mujer vivía en la Comunidad Valenciana y tenía un permiso de residencia de larga duración.
El Defensor del Pueblo ha elevado recomendaciones a la Administración para que se preste asistencia en todos los casos, pues es un derecho de cualquier detenido.
