El día 19 de diciembre de 2008, el Consejo de Ministros aprobaba el Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En la actualidad estamos en la espera de que el mismo forme parte del Proyecto de Ley y pase a trámite parlamentario. La elaboración parlamentaria podría finalizar este mismo año 2009.
Éstas son las principales novedades de la reforma:
– Periodo de retención. Los extranjeros que se hallen en situación irregular podrán ser sometidos a un período de internamiento de 60 días, prorrogable otros 10 días en casos excepcionales (por ejemplo, debido a una demora en los trámites de repatriación), siempre que el juez lo autorice. Hasta ahora, el período máximo de internamiento era de 40 días. El Ministerio del Interior justifica su incremento por la complejidad de las repatriaciones.
– Reagrupación familiar. Los inmigrantes con la segunda autorización de residencia (más de un año de estancia legal en España) podrán reagrupar a su cónyuge o a su pareja de hecho (categoría esta última que la ley actual no contempla) y a los hijos de ambos menores de 18 años. Pero para reagrupar a sus ascendientes deberán tener un permiso de residencia de larga duración (lo que hasta ahora se denominaba residencia permanente y que sólo se consigue tras cinco años de estancia legal en el país). Además, esos ascendientes habrán de ser mayores de 65 años, con el fin de que su llegada no tenga impacto en el mercado laboral.
– Mayores de 16 años. Los hijos mayores de 16 años y el cónyuge o la pareja de hecho reagrupados tendrán permiso de trabajo de forma automática.
– Sanciones. Se aumentan las sanciones económicas para todas las infracciones: las leves pasan de 300 a 500 euros; las graves, de 6.000 a 10.000, y las muy graves, de 60.000 a 100.000.
– Explotación laboral. Además de abonar la multa correspondiente, los empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular deberán asumir los gastos que ocasione su repatriación. También serán castigados con multas de entre 10.001 y 100.000 euros por cada inmigrante quienes simulen una relación laboral con un extranjero para lograr su regularización.
– Matrimonios de conveniencia. Contraer matrimonio con ánimo de lucro o para proporcionar a un extranjero el permiso de residencia será castigado con multas de entre 10.001 y 100.000 euros. Hasta ahora, esta práctica no estaba castigada directamente, por lo que era muy difícil de perseguir.
– Expulsiones. La prohibición de entrada en el país durante un período de hasta 10 años que acarreaba la expulsión de los indocumentados queda reducida a 5 años. Los inmigrantes sorprendidos en situación irregular que, a juicio de la autoridad gubernativa, no ofrezcan riesgo de fuga tendrán un plazo de entre siete y 30 días para retornar voluntariamente a su país de origen. Si cumplen el compromiso, podrá ser revocada la prohibición de entrada en el país que hasta ahora acarreaba toda expulsión.
– Derecho a la educación. Se garantiza la educación para todos los extranjeros (con o sin papeles) menores de 18 años, independientemente de su nivel académico. Hasta ahora sólo estaba garantizada la ESO.
– Asociación, sindicación, huelga, reunión y manifestación. Los indocumentados tendrán estos derechos, de los que les había privado la Ley de Extranjería aprobada por el último Gobierno del PP y que les fueron restituidos por ocho sentencias del Tribunal Constitucional a petición del Grupo parlamentario socialista y de varias comunidades autónomas.
– Asistencia jurídica. Los indocumentados tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita, que hasta ahora quedaba restringida a los residentes legales.
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