El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, se ha confesado “consternado” por la promulgación en Perú de una ley de amnistía para policías, militares y grupos de autodefensa procesados por violaciones contra los Derechos Humanos durante el conflicto interno, ya que representa “una afrenta a las víctimas”.
“Es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad”, ha lamentado el Alto Comisionado, horas después de que la presidenta peruana, Dina Boluarte, estampase su firma en un proyecto polémico que también han criticado otras organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Turk considera que la ley es “un paso atrás en la búsqueda de justicia y reconciliación en Perú”, por lo que ha llamado a las autoridades del país sudamericano a derogarla “inmediatamente”. De lo contrario, cientos de personas puedan beneficiarse de una amnistía que, según la ONU, incumple además la legislación ya en vigor en Perú.
El Congreso aprobó el proyecto de ley a principios de julio y, tras ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Perú que se abstuviera de implementarlo hasta analizar la compatibilidad de la amnistía con órdenes emitidas anteriormente sobre la investigación de abusos cometidos durante el conflicto armado (1980-2000).
Boluarte, sin embargo, ha seguido adelante con la tramitación. “¡Con esta amnistía histórica Perú honra a sus defensores y rechaza con firmeza cualquier intromisión externa!”, reza un comunicado de la Presidencia peruana.
Según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, entre 1980 y 2000 murieron aproximadamente 70.000 personas y más de 20.000 fueron dadas por desaparecidas. Los tribunales peruanos han emitido sentencias definitivas en alrededor de 150 casos y más de 600 siguen pendientes.
