La Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros (APRA) ha alertado este martes de que la reforma de la normativa de aviación en la Unión Europea amenaza con recortar las compensaciones por retrasos y cancelaciones.
La entidad denuncia que el debate en Bruselas se está apoyando en previsiones «poco realistas» sobre el impacto económico en las aerolíneas para justificar un debilitamiento de la protección actual al consumidor.
La preocupación de la asociación se centra en los cálculos de la Comisión Europea, que estima que la implantación de formularios de reclamación automáticos elevaría las tasas de éxito del 58% actual a niveles de entre el 80% y el 100%.
Según Bruselas, esto supondría un impacto de hasta 1.840 millones de euros para el sector, una cifra que APRA tacha de teórica y cuestionable al no considerar las barreras reales que enfrentan los pasajeros.
El presidente de APRA, Tomasz Pawliszyn, ha señalado que la automatización de los procesos es un «espejismo» que no garantiza decisiones más justas.
Según la organización, el problema principal reside en que las aerolíneas rechazan actualmente más del 50% de las reclamaciones válidas al actuar como juez y parte en la primera fase del proceso, una situación que la simplificación administrativa no resuelve sin una supervisión independiente.
La asociación advierte de que el verdadero riesgo de estas previsiones infladas es que sirvan de pretexto para elevar los umbrales mínimos de tiempo necesarios para cobrar o para reducir directamente las cuantías de las indemnizaciones.
APRA recuerda que estos importes han perdido más de la mitad de su valor adquisitivo en los últimos veinte años y que cualquier recorte adicional desincentivará que los abogados defiendan a los viajeros ante denegaciones indebidas.
Finalmente, APRA ha instado al Parlamento Europeo y al Consejo a mantener sus líneas rojas y rechazar cualquier compromiso que perjudique al pasajero.
La entidad subraya que existen obstáculos técnicos significativos, como la gestión de más de 800 formularios distintos y la falta de integración de datos con agencias de viajes, que hacen que la propuesta de Bruselas sea inviable en sus términos actuales sin perjudicar los derechos de los ciudadanos.