Más Madrid y PSOE han destacado que la regularización está funcionando con «normalidad» en este primer día de citas presenciales y ha reprochado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, su oposición a esta medida que recurrirá a los tribunales.
Lo han planteado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid. Este lunes en el que las oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería han comenzado a atender a migrantes sobre la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno.
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha reclamado que «todas las instituciones colaboren» poniendo los recursos necesarios para facilitar que se viva «una enorme ampliación de la democracia». «Es lo que ocurre cuando a cientos de miles de personas sin derechos se convierten en personas con derechos», ha planteado.
Ante esta medida, Bergerot ha instado a la presidenta autonómica a no recurrirla al Tribunal Supremo y que, por contra, ponga «todas las herramientas a favor» para que puedan conseguir ayuda, como es el caso del certificado expedido por el Consorcio Regional de Transportes autonómico que es válido para el proceso.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha celebrado que el Gobierno central haya «dado la oportunidad a muchísimas personas que ya conviven» entre los españoles para darles «algo tan sencillo como vivir tranquilos».
«Poder construirse una vida aquí entre nosotros, cuando ya han demostrado que están con nosotros y que vienen a construir. Con lo cual esperamos que este proceso que empieza hoy lo haga de la manera más ágil posible, que todo el mundo tenga capacidad para poder hacer todos los trámites que se requieren», ha apostillado.
Frente a ello, la derecha ha expuesto su oposición. Por parte del PP, su portavoz, Carlos Díaz-Pache, ha advertido de que el presidente de España, Pedro Sánchez, busca «alterar los censos electorales» además de «desviar la atención sobre los ingentes casos de corrupción» de su entorno.
Además, ha afirmado que el Ejecutivo central no tiene «las cifras claras» porque «la mitad del Gobierno habla de medio millón, la otra mitad habla de 800.000, los sindicatos policiales hablan de 1.200.000». «Es una cifra muy inconcreta, que como no tiene ninguna planificación económica como no tiene una memoria de impacto en los servicios públicos, pues es una absoluta chapuza», ha cargado.
Por su parte, su homóloga de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha criticado que se esté poniendo «todos los recursos» para regularizar la situación de «quien no debería estar aquí».