El ajustadísimo recuento de la segunda vuelta presidencial ha vuelto a polarizar al Perú, trasladando esta vez la batalla política al terreno de los derechos constitucionales de los peruanos que viven en el extranjero y que han sido decisivos para que Keiko Fujimori ocupe la futura presidencia del Perú.
Con una diferencia que no llega a los 19.000 votos, el respaldo de los peruanos en el extranjero ha resultado determinante para inclinar la balanza a favor de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), desatando una inmediata y polémica reacción en el sector oficialista que busca modificar las reglas del juego electoral.
Según los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 98,590% de las actas contabilizadas, la lideresa de Fuerza Popular alcanza el 50,052% (9’074,951 sufragios) frente al 49,948% (9’056,119 sufragios) del aliado del expresidente Pedro Castillo. Un margen milimétrico en el que las actas provenientes del exterior, especialmente de Argentina, funcionaron como el trampolín que posicionó a Fujimori en el primer lugar del conteo nacional.
El voto exterior: El fortín de Fuerza Popular
El escrutinio internacional dejó en claro el divorcio político entre el electorado residente en el país y el de los que viven en el extranjero. Fuera de las fronteras, Keiko Fujimori arrasó al conseguir 184.621 votos (63,4%), ensanchando una distancia de 77.924 sufragios sobre Roberto Sánchez, quien apenas sumó 106.697 votos (36,6%).
El continente americano fue el principal bolsón de votos para la candidata, donde duplicó a su rival (115.584 frente a 57.744). Fujimori se impuso en las comunidades con mayor presencia peruana: Estados Unidos (44.440 frente a 13.607), Chile (26.406 frente a 18.576) y Argentina (25.482 frente a 16.080). La única excepción en la región fue Cuba, donde Sánchez venció por un simbólico 11 a 5.
En el Viejo Continente, el segundo con mayor participación, Fujimori cosechó 59.726 votos frente a los 47.226 de Sánchez, pero logrando victorias contundentes en España e Italia. El candidato de Juntos por el Perú solo pudo arañar triunfos en plazas menores como Irlanda, Malta, Noruega, Rusia y Suecia, además de registrar un empate técnico en Finlandia.
Para Fujimori, este escenario electoral tiene un tinte histórico personal y judicial. Llega a las puertas de la presidencia sin el respaldo de su padre, el exdictador Alberto Fujimori (fallecido en septiembre de 2024), divorciada de su exesposo Mark Vito, y habiéndose librado recientemente de un juicio por presunto lavado de activos en sus campañas anteriores gracias a un fallo del Tribunal Constitucional.
La propuesta de la discordia: ¿Restringir el sufragio transnacional?
La frustración por ver cómo la ventaja doméstica se diluía con los votos del exterior no tardó en canalizarse políticamente. La virtual congresista de Juntos por el Perú, Amalia Palomino, encendió la pradera al sugerir abiertamente que se debería recortar el derecho al voto de los connacionales que lleven largas temporadas fuera de las fronteras.
«Considero que, por lógica, quienes no están en el Perú y desconocen de nuestra realidad no pueden tomar una decisión tan importante para la gobernabilidad de nuestro país. Sinceramente, no deberían de votar quienes ya viven más de 10 años en el extranjero», disparó Palomino.
La futura parlamentaria cuestionó la «autoridad moral» de los peruanos que viven en el extranjero para decidir el destino de quienes sufren la crisis diaria en territorio nacional: «¿Con qué autoridad moral [se vota], si yo vivo en otra situación, en una situación de bonanza, de una mejor vida?». Al ser consultada sobre si impulsará una ley para materializar esta restricción, Palomino admitió que «podría ser» una propuesta a evaluar bajo la premisa de que «el Perú debe elegir a su representante».
El Ejecutivo evita confrontar y traslada el balón al Congreso
Las declaraciones de Palomino forzaron el pronunciamiento del Ejecutivo. El presidente interino, José María Balcázar, evitó confrontar directamente con la virtual legisladora y prefirió mantener una postura ambivalente, aunque dejó la puerta abierta para que el planteamiento sea debatido.
«Yo creo que es un punto de vista a considerar para el nuevo Congreso de la República, para que lo tome lógicamente en cuenta», manifestó Balcázar en declaraciones a Exitosa. El mandatario interino reconoció la validez del malestar argumentando que quienes migraron no experimentan «el diario trajinar de los peruanos que pasamos aquí una serie de inconvenientes para llevar el pan cada día». No obstante, recordó que el tema reviste una enorme complejidad jurídica y constitucional: «Ellos mantienen su DNI como peruanos y también desean ser considerados […]. Por lo tanto, eso será materia de un análisis mayor en el Congreso».
Cuatro décadas de derechos en juego
La propuesta de Juntos por el Perú colisiona directamente con una larga tradición de inclusión electoral en el país. Perú fue uno de los pioneros en América Latina al reconocer los derechos políticos de su diáspora en la Constitución Política de 1979, permitiendo que votaran por primera vez desde el exterior en las elecciones generales de 1980.
Aquel avance se profundizó de forma histórica en 2020 con la creación del Distrito Electoral de Peruanos Residentes en el Extranjero (PEX). Hasta entonces, los sufragios del exterior se licuaban dentro del distrito electoral de Lima; sin embargo, a partir de 2021, la comunidad internacional peruana pasó a elegir de manera directa a sus propios dos representantes en el Congreso.
El actual panorama deja al país en un compás de espera de alta tensión. Mientras los jurados electorales especiales terminan de resolver las 1.308 actas observadas o impugnadas que restan para proclamar los resultados definitivos, la grieta política ya ha sumado un nuevo ingrediente: el debate sobre la legitimidad democrática de los más de un millón de peruanos asentados por todo el globo.