Los peruanos acuden este domingo a dilucidar en segunda vuelta quien será su décimo presidente en diez años, sin mayorías claras, pero con la candidata de tintes autoritarios Keiko Fujimori, en su cuarto intento, con una ligera ventaja frente a su competidor de la izquierda, Roberto Sánchez; todo ello bajo el hastío que produce en el electorado una casi perpetua crisis institucional y política.
La última encuesta de Ipsos publicada la semana pasada otorga a la candidata de Fuerza Popular el 38% de los votos frente el 35% de su rival de Juntos por el Perú, después de que a finales de abril estuviera empatados. Sin embargo, está por ver cómo puede haber influido el buen desempeño de Sánchez en el debate televisado del domingo, ya que la ley electoral impide desde este lunes publicar más sondeos.
Fujimori se impuso claramente con el 17% de los apoyos en una primera vuelta marcada por una esperpéntica fragmentación del voto gracias a los 35 aspirantes presidenciales que se presentaron. Después de un reñido conteo que se prolongó durante un mes, Sánchez superó por la mínima al conservador Rafael López-Aliaga.
Los dos candidatos tienen una visión totalmente antagónica de país. El dilema está en la derecha autoritaria del fujimorismo, cuyo control del Congreso en los últimos años ha planteado un escenario de ingobernabilidad para muchos presidentes, o bien han mantenido a otros, como la muy impopular Dina Boluarte; y una izquierda indigenista, más fuerte fuera de Lima, y de otros grandes centros urbanos.
Sánchez ha utilizado electoralmente esta cuestión de la identidad indígena, se ha paseado incluso con el característico sombrero chotano del expresidente Pedro Castillo, a quien ha ido a visitar a la cárcel, donde cumple una pena de prisión por delitos de rebelión tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022.
Antiguo ministro de Castillo, Sánchez ya ha prometido amnistiar al expresidente, reformar unas instituciones que considera «secuestradas y subvertidas» por el fujimorismo y reforzar la presencia del Estado en todo el país, con políticas de desarrollo, obras, educación y salud.
Por su parte, Fujimori ha alertado del «caos» que supondría regresar a las fórmulas de 2021, a pesar de que apenas Castillo estuvo un año y no pudo sacar adelante ninguna de sus promesas electorales ante la cerrazón del Congreso, y ha ondeado viejas banderas como la del miedo al comunismo y al fraude electoral.
Precisamente, en el debate del domingo, Fujimori agitó ese fantasma del fraude en las urnas y pocos días antes de la cita de este fin de semana evitó afirmar que aceptaría los resultados en caso de no ganar, algo que recuerda a su postura de 2021, cuando no los aceptó en su enfrentamiento con Pedro Castillo.
La igualdad en las encuestas hace prever que en las elecciones de este domingo tendrá también un peso importante el voto del electorado que decide en función de quien le produce menos rechazo; o bien la hija del expresidente Alberto Fujimori –con un legado marcado por violaciones de los Derechos Humanos–, o el delfín político de un frágil Castillo que se vio incapaz de gobernar.
Este escenario muestra que un 23% de los electores se decantaría por Fujimori para evitar al candidato de Juntos por el Perú, mientras que el 15% votaría por Sánchez por el antagonismo que le suscita ella.
Por otra parte, en Fujimori, que ha querido asumir un rol más institucional y moderado durante la campaña, destacan para votarla sus promesas de crecimiento económico y de mano dura contra la delincuencia y la grave crisis de seguridad que arrastra el país, mientras que en Sánchez, visto como una figura disruptiva, aprecian principalmente un cambio y su lucha contra la corrupción.
EL PESO DEL CONGRESO Y CRISIS DE GOBERNABILIDAD
Con este proceso electoral los peruanos aspiran a poner freno a una crisis institucional convertida ya en paradigma de gobernanza, como muestra que en los últimos diez años, desde un Ollanta Humala ahora en prisión por corrupción, ningún presidente haya podido acabar su mandato.
Una de las claves de esta inestabilidad reside en el artículo 113 de la Constitución, que permite al Congreso echar al presidente por incapacidad moral o física, convirtiéndose en la última década en una herramienta de control a discreción sobre el Ejecutivo, sin las exigencias y los plazos que plantean los juicios políticos.
Estas elecciones además supusieron el regreso de un Congreso bicameral, con 130 diputados y 60 senadores, en el que Fuerza Popular vuelve a ser la formación política más numerosa del arco parlamentario, por delante de Juntos por el Perú, y por primera vez en mucho tiempo sin la presencia de algunos partidos históricos.
El nuevo Senado, que no puede ser disuelto por el presidente, será clave en esta nueva legislatura pues tendrá la última palabra para aprobar leyes, que pueden ser revisadas, modificadas, o rechazadas sin necesidad de tener que pasar de nuevo por la Cámara de Diputados. Asimismo, se encargará de nombrar a altos funcionarios, como el Defensor del Pueblo, o los jueces del Tribunal Constitucional, entre otros.
Este control de las cámaras que ha ejercido durante esta última década Fuerza Popular y la Renovación Popular de López Aliaga, su principal socio en esta próxima legislatura, ha sido incapaz de hacer frente a las demandas de la ciudadanía y para algunos analistas ha significado la captura del Estado por parte del Congreso.
Ello ha significado un clima de frustración y de expectativas no cumplidas entre una población hastiada con la clase política, que se refleja a su vez en esa atomización del voto y aquella cifra récord de candidatos, algunos de ellos supuestos y autodeclarados ‘outsiders’, en primera vuelta.