En una jornada cargada de tensión política y social, el Congreso de la República del Perú aprobó en la noche del jueves la destitución de la presidenta Dina Boluarte, declarando su “incapacidad moral permanente” tras un proceso exprés impulsado por cuatro mociones de vacancia que recibieron un respaldo abrumador.
Con esta decisión, Boluarte —la primera mujer en ocupar la presidencia del Perú— pone fin a un mandato de dos años y diez meses, iniciado tras la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Su salida ocurre en medio de una crisis de inseguridad ciudadana, marcada por el auge del crimen organizado y el reciente tiroteo en un concierto de la popular agrupación de cumbia Agua Marina, en el distrito limeño de Chorrillos.
Una sesión de madrugada y sin defensa presencial
El pleno del Congreso aprobó a última hora del jueves la acumulación de las mociones que pedían la vacancia de Boluarte bajo el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución peruana, por “permanente incapacidad moral”.
Pese a haber sido convocada para ejercer su defensa, la mandataria no acudió al hemiciclo ni envió representante legal, lo que aceleró el proceso parlamentario, que se extendió pasada la medianoche.
En una comunicación oficial firmada por el presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré, se notificó a Boluarte que tenía derecho a “defenderse personalmente o por letrado durante sesenta minutos”, aunque finalmente no hizo uso de esa facultad.
El detonante: el atentado en el concierto de Agua Marina
El debate se precipitó tras el tiroteo ocurrido la noche del miércoles en el Círculo Militar de Chorrillos, donde desconocidos abrieron fuego durante la presentación de Agua Marina, dejando cinco personas heridas, entre ellas varios músicos.
El suceso reavivó las críticas a la gestión de Boluarte por su incapacidad para contener la violencia y el crimen organizado, problemas que se han intensificado durante su gobierno.
El Ministerio del Interior atribuyó parcialmente la responsabilidad a los organizadores del evento, alegando que el concierto no contaba con las garantías ni permisos oficiales, aunque posteriormente la Asociación de Artistas del Perú, presidida por Walter Dolorier, desmintió esa versión y aseguró que sí se habían cumplido los trámites municipales correspondientes.
Tensión en Lima y vigilancia policial
Mientras el Congreso debatía la vacancia, decenas de manifestantes se congregaron en los alrededores del Palacio Legislativo y de la embajada de Ecuador, ante rumores de que la mandataria podría intentar solicitar asilo político.
Sin embargo, su abogado Juan Carlos Portugal negó rotundamente esa posibilidad, asegurando que Boluarte “permanecía en territorio nacional y afrontaría cualquier proceso conforme a ley”.
Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) activó “maniobras preventivas” para preservar el orden y pidió a los ciudadanos mantener la calma. “La violencia nunca es la solución”, señaló el cuerpo policial en un comunicado difundido en la red social X (antes Twitter).
Una caída anunciada
Dina Boluarte, quien llegó al poder tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, enfrentó desde el inicio de su mandato un Congreso hostil y una creciente desaprobación ciudadana.
Aunque logró sostenerse gracias al apoyo de bancadas conservadoras y de centro-derecha, su popularidad se desplomó en los últimos meses por la escalada del crimen, las denuncias de corrupción y la falta de liderazgo político.
Analistas locales califican su destitución como “el desenlace previsible de un gobierno debilitado”, que no logró estabilizar la crisis institucional que vive Perú desde hace casi una década. En ese periodo, el país ha tenido seis presidentes en solo siete años.
Camino a nuevas elecciones
La destitución ocurre a seis meses de las elecciones generales de 2026, lo que abre un nuevo capítulo de incertidumbre política. Según la Constitución, el presidente del Congreso asumirá el mando temporalmente, mientras se convoca a un proceso de sucesión o a elecciones anticipadas.
Fuentes parlamentarias adelantaron que una sesión extraordinaria será convocada en las próximas horas para juramentar al nuevo mandatario interino, mientras organismos internacionales, como la OEA y la ONU, observan de cerca la crisis peruana.
Un ciclo político que se repite
Con la salida de Boluarte, Perú vuelve a vivir una destitución presidencial por “incapacidad moral”, una figura constitucional que ha sido utilizada en los últimos años contra Pedro Pablo Kuczynski (2018), Martín Vizcarra (2020) y Pedro Castillo (2022).
El país andino continúa atrapado en un ciclo de inestabilidad institucional, polarización política y desconfianza ciudadana, factores que siguen debilitando la gobernabilidad democrática.
