Ocio Latino.– Un informe del Comité Europeo de Prevención de la Tortura (CPT) difundido el jueves 15 de diciembre afirma que las salvaguardas de España en los vuelos de repatriación de inmigrantes “no son suficientes” y que se está expulsando a inmigrantes ilegales por vía aérea en vuelos exprés con “deficiencias” en los informes médico previos o sin asistencia de abogados.
Las carencias médicas y de letrados se señalan en el informe junto a unas recomendaciones elevadas a España para los vuelos de deportación, después de una visita que hizo la CPT el pasado mes de febrero en un vuelo con destino a Colombia y República Dominicana donde fueron deportadas 70 personas procedentes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en Madrid y otras detenidas en comisaría.
Los funcionarios de la CPT, organismo con sede en Estrasburgo, se entrevistó con los internos y detectó el escaso margen de tiempo que tienen desde que se les comunica su deportación (12 horas antes ) y los problemas que tienen para contactar con un abogado.
Los entrevistados se quejaron que nadie les comunicó que podían llevarse sus pertenencias o retirar su dinero del banco. Uno de los inmigrantes tenía una orden de expulsión dictada en 2010 plazo en el que “la situación de la persona puede haber experimentado cambios significativos”, comentan en el informe, para subrayar la importancia del acceso a un abogado que no sólo debe estar garantizada en la ley sino que en la práctica deben darse todas las facilidades y de forma activa.
También informan que, antes del vuelo de deportación no se realiza ningún chequeo médico a los inmigrantes y no se les expide un certificado de ‘apto para volar’ y detallan un incidente observado durante un vuelo a Colombia, cuando un inmigrante perdió el conocimiento y se recuperó con el oxígeno que le puso el médico. “La delegación observó que el médico de abordo no volvió a examinar a esa persona durante el vuelo y no transmitió ninguna información sobre este incidente ni al paciente ni a las autoridades colombianas”.
Por todo ello, el CPT recomienda a las autoridades españolas que adopten las medidas necesarias “incluidas las de naturaleza legislativa”, para asegurar que “todas las personas que van a ser expulsadas y sus abogados, si es el caso, sean informadas oficialmente y por escrito, en un lenguaje que comprendan, al menos varios días antes”.
España contesta que si bien dar más antelación de las 12 horas actuales es “deseable, no se puede garantizar por razones de organización de los vuelos y disponibilidad de los deportados”, además que “que existen acuerdos con los colegios de abogados para casos urgentes”.
Pero la CTP emplaza a las autoridades a tomar las medidas necesarias al respecto.
