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Un centenar de organizaciones internacionales exigen a Europa que proteja la salud de los inmigrantes

Publicado: 17 septiembre 2014

Latinoamericanos realizando trámites. / Foto: Ocio Latino

Ocio Latino.- Un centenar de organizaciones científicas, sanitarias y sociales españolas y europeas se han unido para apoyar la ‘Declaración de Granada’, un texto que ha surgido tras la celebración del V Congreso Europeo sobre Migrantes, Minorías Étnicas y Salud, y en el que exigen a las instituciones europeas que garanticen el derecho a la atención sanitaria de estos colectivos porque “es su obligación”.

Asimismo, pidieron que en España se revise el Real Decreto Ley de 2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones porque creen que “es una paradoja que el Gobierno proclame reiteradamente que su papel es cumplir y hacer cumplir las leyes y sin embargo las conculque sistemáticamente”, al tiempo que criticaron que “la reforma sanitaria se hizo sin atender a los principios de equidad que establece la propia Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública y en contra de la Carta Europea de Derechos Sociales”.

En concreto, las 100 organizaciones firmantes denunciaron el empeoramiento de las condiciones de vida de los inmigrantes como consecuencia de las políticas de recortes, la limitación de acceso a los sistemas sanitarios con la “excusa” de la crisis económica y los largos periodos de detención de inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

SALUD DE LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA
En el acto de presentación del texto y sus adhesiones, que se celebró este martes en Madrid, la portavoz de Médicos del Mundo, una de las organizaciones firmantes, Begoña Santos, dijo que, en el caso de España, el Gobierno niega que se estén produciendo casos de desatención sanitaria e incumplimiento de lo regulado en el propio real decreto, pero aseguró que “en Médicos del Mundo recibimos cada día decenas de personas a las que les han tratado de cobrar la atención en urgencias, incluso embarazadas y menores de edad, o personas mayores con enfermedades crónicas que, incluso residiendo legalmente en España, no logran acceder a la atención sanitaria”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Josep Basora, dijo que “nuestro deber nos impone atender a todas las personas que acudan a nuestra consulta. La retirada de la cobertura sanitaria universal ha supuesto en muchos casos que no podamos hacerlo, rompiendo la continuidad asistencial y generando inseguridad sanitaria en la población”.

Los representantes del centenar de entidades solicitaron el pasado mes de mayo una reunión a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para exponerle las conclusiones del congreso, una petición que todavía la ministra no ha contestado./(SERVIMEDIA)


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